Frente
al culto a Bolívar, conviene hacer algunas evaluaciones históricas respecto a al
desempeño moral del Libertador en el ámbito militar. Para ello, podemos
valernos de la doctrina de la “guerra juta”, originalmente formulada por
pensadores católicos (San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Vitoria), pero
también por protestantes (Hugo Gorcio), y en fechas más recientes, filósofos
laicos (Michael Walzer).
La
doctrina de la guerra justa se divide en dos. El ius ad bellum especifica cuándo hay justificación para iniciar una
guerra. El ius in bello especifica
cómo debe ser la conducta durante la guerra. Muchas de estas especificidades
han quedado establecidas en documentos jurídicos como la Convención de Ginebra.
Pero, el hecho de que en el siglo XIX no existía la Convención de Ginebra, no
excusa los crímenes de guerra que se pudieron cometer en aquella época. Pues,
las nociones de guerra justa son bastante más antiguas, e incluso, varios
filósofos postulan que estas nociones están inscritas en el derecho natural, de
forma tal que no necesitan ninguna formalidad jurídica positiva para estar en vigor.
El ius ad bellum exige que, para iniciar
una guerra, debe haber una causa justa, recta intención, proporcionalidad,
agotamiento de diplomacia, declaración por una autoridad competente, y probabilidad
de éxito. La gesta de Bolívar cumplió algunos de estos requisitos, pero no
todos.
Sí hubo una causa justa:
el régimen colonial español era opresivo, en tanto España era una monarquía
absolutista que imponía monopolios mercantilistas a sus colonias, no concedía
igualdad jurídica a los nacidos en América, no les permitía ejercer cargos en
la administración pública, cobraba tributo adicional a los indígenas, y
permitía la esclavitud. No obstante, cabe advertir que, al menos en un inicio,
Bolívar se planteó la lucha armada sólo para favorecer los intereses de la
casta criolla (en parte eso explica por qué las masas de pardos se unieron al
realista Boves); sólo tardíamente incorporó la emancipación de esclavos a su
causa, y lo hizo muy vagamente.
Aparentemente, hubo
una recta intención en la conducta de Bolívar: genuinamente el Libertador
inició una guerra con la intención de alcanzar la libertad. Algunos críticos,
como Marx y Madariaga, han colocado esto en duda, y señalan que en verdad
Bolívar era un megalomaníaco que inició una brutal guerra, sólo para su deleite
de gloria personal. El problema, no obstante, es que no estamos dentro de la
cabeza de Bolívar para saber cuáles eran sus verdaderas intenciones, y en
función de esto, conviene no tomar en cuenta este criterio en el ius ad bellum, como de hecho, han
recomendado muchos filósofos morales de la guerra más recientemente.
El criterio de
proporcionalidad es bastante dudoso en el desempeño moral de Bolívar. La guerra
de independencia de Venezuela fue brutal, diezmó a la población, y la época que
siguió a la independencia fue desastrosa, en medio de caos, anarquía y
caudillismo. Eso suscita muchas dudas sobre la proporcionalidad de la guerra
que promovió Bolívar: ¿valió la pena tanto sufrimiento y tanta destrucción? Es
una cuestión abierta al debate.
Ante una monarquía
absolutista que estaba decidida a conservar las colonias y su antiguo régimen a
toda costa, no había mucha posibilidad de diplomacia. En ese sentido, Bolívar
sí cumplió con el criterio de agotamiento de diplomacia. Pero, hay un matiz: la
guerra de independencia no siempre fue contra una monarquía absolutista; hubo
períodos en que el enemigo era el Consejo de Regencia, que había redactado la
Constitución de Cádiz de 1812, la cual derogaba (o, al menos, reducía) la
opresión del régimen colonial, e incorporaba a los americanos como ciudadanos
de pleno derecho. Bolívar pudo haber intentado buscar una alternativa diplomática
en el marco de esa constitución, y así, se pudo haber evitado mucho
derramamiento de sangre. Pero, lo cierto es que esa constitución fue violada
muchas veces, el mismo Fernando VII la intentó abolir sin éxito en 1820, y luego
con éxito en 1823.
La guerra de
independencia fue más una guerra civil entre realistas e independentistas, que
una guerra internacional entre España y Venezuela. En ese sentido, no tiene
mucha aplicabilidad el criterio que exige que la guerra sea declarada por una autoridad
competente. Asimismo, la guerra de independencia culminó en un triunfo para el
bando de Bolívar, de forma tal que sí cumplió el requisito de probabilidad de
éxito.
Así pues, con algunos
matices, Bolívar sí tuvo un buen desempeño moral en el ius ad bellum. Pero, en el ius
in bello, su desempeño moral es mucho más sombrío. Hay dos criterios básicos
en el ius in bello: proporcionalidad,
y distinción entre civiles y combatientes. En la guerra, sólo está permitido
matar en combate. No está permitido matar a prisioneros. Y, en combate, sólo
pueden morir civiles como resultado del daño colateral (y sólo si ese daño
colateral es proporcionalmente menor al objetivo militar, y si los civiles no
son objeto directo del ataque).
Bolívar falló en
ambos criterios. Uno de los aspectos más controvertidos de su gesta militar fue
el Decreto de guerra a muerte,
emitido en 1813 durante su Campaña Admirable para conquistar Caracas. La guerra
civil había adquirido un carácter brutal, y Monteverde, el comandante de las
fuerzas realistas, no escatimó en ordenar atrocidades en sus enfrentamientos
contra el bando republicano. Si bien en la guerra de independencia hubo varias
batallas, la mayor parte de los muertos eran víctimas no combatientes en
ejecuciones. Ante las atrocidades de los realistas, Bolívar emitió su infame
decreto, anunciado que, si los españoles no participaban activamente en la
contienda al lado del bando patriota, serían ejecutados. Es decir, Bolívar
amenazó con matar a civiles no combatientes.
Según parece, el
decreto de Bolívar fue más un instrumento de terror psicológico que de
verdadera ejecución, pero con todo, Bolívar ordenó la ejecución de cerca de mil
prisioneros españoles en La Guaira en 1814. Aquello fue, llanamente, una
atrocidad.
Muchos bolivarianos
quieren excusar a Bolívar señalando que Boves y Monteverde fueron los primeros
en cometer atrocidades, y que Bolívar reaccionaba en legítima defensa. Esta
excusa es inaceptable. La doctrina de la guerra justa no acepta la retribución
de atrocidades con más atrocidades. El bombardeo de Hiroshima no está justificado
por la violación de Nanjing; la destrucción de Dresde no está justificada por
el Holocausto. Bolívar no tuvo ninguna necesidad militar en ejecutar civiles y
prisioneros de guerra. Aquello fue más motivado por resentimiento y sadismo.
Pero, incluso si esas acciones sí hubieran contribuido al fin expedito de la
guerra (como, por ejemplo, sí fue el caso con el bombardeo de Hiroshima, o la
marcha al mar del general Sherman en la guerra civil norteamericana), la doctrina
de la guerra justa la seguiría considerando inaceptable. En la guerra, hay reglas
morales, y éstas deben cumplirse a toda costa.
Años después,
Bolívar tuvo un gesto más civilizado, y en 1820, se reunió con el general español
Morillo para convenir el Tratado de
regularización de la guerra, el cual estipulaba un trato humanitario a los
prisioneros y se asumía un compromiso de adhesión a principios morales en la
contienda. Pero, me temo, eso no es suficiente para exonerar sus crímenes de
guerra, y debemos condenarlo moralmente.