Sobre la guerra civil española

Soy nieto de un emigrante español, y he visitado varias veces España. Pero, hasta hace cuatro años, no era ciudadano español. Gracias a la llamada “Ley de la Memoria Histórica” promovida por José Luis Rodríguez Zapatero, conseguí la ciudadanía española. Esa ley promueve la eliminación del legado franquista, y parte de la propuesta consiste en conceder la ciudadanía española a los descendientes de aquellos que tuvieron que emigrar como consecuencia de la persecución franquista.

En realidad, mi abuelo era simpatizante de Franco, y la abrumadora mayoría de los españoles en Maracaibo contemporáneos con mi abuelo también lo eran. Por ello, supongo que hay muchas otras personas que hoy reclaman la ciudadanía española bajo esa ley, pero que en realidad, son descendientes de simpatizantes del régimen, quienes emigraron por motivos no políticos. Esto suele ocurrir con los programas de acción afirmativa: en el afán de ingenuamente corregir las injusticias del pasado, se termina dando beneficios a quienes no fueron víctimas (por ejemplo, en EE.UU., un hijo de nigeriano puede recibir beneficios compensatorios de la esclavitud, cuando en realidad, hay alta probabilidad de que esa persona sea descendiente de algún esclavista que hacía negocios con los negreros blancos).

La Ley de Memoria Histórica también pretende promover una suerte de nueva historiografía oficial sobre el período de la república, la guerra civil, y la dictadura franquista. Y en virtud de que esta ley me ha favorecido (injustamente, como admito), he decidido revisar someramente sus otras aplicaciones, e ilustrarme un poco sobre este periodo tan lamentable de la historia española. Ciertamente, la dictadura franquista fue nefasta, y aplaudo la iniciativa de desmontar monumentos como el Valle de los Caídos, y renombrar calles y avenidas que antaño llevaron el nombre de los secuaces de Franco.

Pero, la Ley de Memoria Histórica corre el riesgo de ir demasiado lejos, y hacer un retrato demasiado bucólico de la segunda república española. Debo confesar que, hasta hace muy poco, yo mismo aceptaba este retrato bucólico. Entre más leo sobre este período, más me convenzo de que la guerra civil española no fue una contienda entre el fascismo y la libertad, sino entre una coalición en la cual vino a prevalecer el fascismo, y una coalición en la cual las ideas totalitarias soviéticas (y en menor medida, la propia injerencia de Stalin) tuvieron bastante influencia. Y, de ese modo, el llamado ‘bando republicano’ tuvo una gran dosis de culpabilidad en esta tragedia. Explicaré brevemente por qué.

En 1931, tras más de diez años de complicidad con la dictadura del general Primo de Rivera, el rey Alfonso XIII se dio cuenta, tras unos comicios electorales municipales, que no tenía apoyo, y sabiamente decidió dimitir. Reprocho las monarquías, pero puedo admirar el gesto personal de un monarca, y opino que, en este caso, Alfonso XIII merece elogios como un regente que, a diferencia de muchos otros, no se vio embriagado por el poder, y supo renunciar a tiempo.

La renuncia del rey abrió paso a la segunda república española. España arrastraba el legado reaccionario del atraso, y así no todos los sectores españoles estuvieron satisfechos con aquellos acontecimientos, pero aún así quedaron a la espera de ver qué ocurría. Inmediatamente se procedió a redactar una constitución, muy avanzada en muchos puntos, y con una gran promesa liberal. Pero, en su avance, fueron demasiado lejos, y en algunos puntos muy sensibles, la constitución abandonó su carácter liberal.

Ese punto sensible era, por supuesto, la religión. La constitución de 1931 secularizaba el Estado, marginaba a la educación religiosa, y despojaba de subsidios a las órdenes. Todo esto me parece loable, pues el fundamento del Estado laico. Pero, iba más lejos: estipulaba el derecho del Estado a confiscar arbitrariamente la propiedad eclesiástica y permitía vigilar de cerca a las órdenes religiosas por considerarlas una amenaza a la seguridad del Estado. En esto, la república española se alejaba del modelo laico francés, y se acercaba mucho más al ateísmo totalitario soviético.

Naturalmente, esto suscitó la ira de muchos sectores católicos. Pero, en vez de manejar el asunto con guantes de seda, las autoridades dieron rueda libre a que hordas y milicias paramilitares simpatizantes del gobierno, saquearan y quemaran conventos e iglesias. Yo estoy de acuerdo en que en los conventos e iglesias se enseñan estupideces, pero invoco acá la frase célebre de Voltaire: “no estaré de acuerdo con vos, pero lucharé hasta la muerte por vuestro derecho a expresaros”. Hubiera sido mucho más fácil y valedero vencer a los curas en el podio del debate, que poner fuego a sus iglesias. Los países más secularizados del mundo (los escandinavos) han llegado a ese estado, sin necesidad de perseguir a clérigos, sino derrotándolos en la discusión. Los republicanos españoles se pasaron este espíritu liberal por el culo.

En aquel clima de inestabilidad, gente no conforme con la república como sistema de gobierno per se, y obviamente sedienta de poder, aprovechó la coyuntura y se valió de excusas para hacerse con el poder. Así, en vista de las persecuciones anticlericales y otros focos de inestabilidad, el general José Sanjurjo (un militar que resentía a Alfonso XIII por haber retirado su apoyo a Primo de Rivera, y quien advirtió no poder garantizar el orden tras la derrota electoral de los monárquicos en 1931), intentó un golpe de Estado en 1932. Aquella intentona fue muy modesta, con un bajo número de muertos, y con muy poco apoyo, entre quienes desconfiaban del gobierno republicano. Sanjurjo fue apresado, pero no ejecutado. En esto, quienes luego conformarían el “bando republicano” en la guerra civil, mostraron clemencia y dignidad, pero sería sólo momentánea, en vista de las atrocidades en las cuales luego se incurrieron durante la contienda bélica.

El gobierno de turno intentó una reforma agraria en ese mismo año de 1932, muy urgida en aquella sociedad latifundista. Se tomaron pasos importantes, pero, nuevamente, surgieron descontentos considerables. Esta vez, los anarquistas se alzaron, pues exigían mayor radicalismo en la expropiación y repartición de la tierra. La coalición de izquierda que gobernaba se empezó a fragmentar, y esto propició que, en las elecciones de 1934, resultara vencedora una coalición de derecha.

Esta coalición asumió el nombre de CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas). Se trató de un movimiento bastante heterogéneo. Su principal líder, Gil Robles, tenía inclinaciones autoritarias y contaba con el respaldo del clero más rancio. Resultó muy fácil que la izquierda identificara a Gil Robles y la CEDA con el fascismo. Pues, por aquella época, se consolidaba en Italia y Alemania ese movimiento. La izquierda miraba con terror que, en esos países, los fascistas consolidaran su poder por vía democrática, y en su análisis, España sería el próximo país en hacerlo.

 

El nuevo gobierno derechista derogó algunas leyes y reformas adelantadas en los primeros años de la república. Asimismo, fue impregnando su retórica con tonos fascistas y anti-republicanos, y se fue abriendo espacio de participación a la Falange, la organización abiertamente fascista a cargo del hijo del general Primo de Rivera. Pero, sería injusto calificar a Gil Robles o la CEDA como ‘fascistas’. Tenían vinculación con ideas conservadoras, pero no fascistas, en el sentido tradicional de Mussolini. El fascismo español vino a aparecer y consolidarse con la Falange, tiempo después. La CEDA llegó por vía democrática, y sus medidas, si bien impopulares entre muchos sectores, fueron tomadas desde un gobierno legítimo.

Pero, la izquierda temía que la CEDA, igual que los partidos fascistas en otros países europeos, llegase democráticamente al poder, pero una vez asentado, destruyese la democracia. Y, así, la izquierda preparó una rebelión de gran envergadura en 1934. Ésta estuvo mal organizada, y fue fácilmente suprimida. La excepción fue Asturias. Ahí, los mineros alzados en armas aguantaron por varias semanas, y el gobierno procedió a una represión más fuerte.

La represión fue desmedida, y el gobierno de derecha lo pagó caro, pues como consecuencia perdió popularidad, y se fragmentó, al punto de que, en las elecciones de 1936, sufrió una derrota. Pero, deseo resaltar acá un punto frecuentemente aludido por el historiador Pío Moa: los sucesos de 1934 fueron cruciales en el posterior desarrollo de la guerra civil. El partido de Gil Robles no era la amenaza fascista que sus opositores imaginaron, y no había justificación para intentar derrocar un gobierno legítimamente constituido. La organización de la rebelión de 1934 terminó por ser un desconocimiento del principio de alternancia democrática, y pareció enviar la señal de que la izquierda no iba a tolerar un gobierno que no estuviese conformado por sus personajes. Muchos de los sublevados de 1936 invocaron la rebelión de 1934 como excusa: si la izquierda no estaba dispuesta a reconocer a un gobierno legítimamente constituido, pues ahora, la derecha tampoco estaba en obligación de hacerlo.

Así pues, realizadas las elecciones de 1936, la coalición izquierdista del Frente Popular resultó vencedora, pero la situación empezó a deteriorarse. En esta coalición empezaron a figurar personajes que ya no eran los demócratas liberales de antaño, sino izquierdistas más radicalizados que también empezaron a desconfiar del modelo republicano, pues a su juicio, obedecía a una democracia liberal burguesa que en realidad no respondía a los intereses del proletariado; la solución era una revolución social. Gente como Largo Caballero (el “Lenin español”) radicalizó el mensaje, y a medida que sus posturas fueron cobrando prominencia, creció la desconfianza en la derecha. Esta desconfianza hizo prosperar aún más las milicias fascistas que servían como grupos de choque.

El gobierno formado en 1936 fue débil desde un principio. Una pandilla de falangistas asesinó a José Castillo, un militar simpatizante de la izquierda. Como represalia, una pandilla izquierdista asesinó a José Calvo Sotelo, la figura que había emergido como líder de la derecha. Si bien Calvo Sotelo no fue víctima de la acción directa del gobierno izquierdista, éste hizo poco por contener a los simpatizantes grupos de choque. Esto no fue propiamente el detonante de la guerra civil, pues ya de antemano varios generales habían estado preparando la sublevación. Pero, sí fue un evento significativo en terminar de impulsar la rebelión. Francisco Franco, hasta ese entonces renuente a participar, tomó partido a raíz del asesinato de Calvo Sotelo.

Una vez iniciada la guerra civil, hubo atrocidades de parte y parte. Fue menos una guerra de combate, y más una guerra de ejecuciones en la retaguardia. Los sublevados cometieron crímenes terribles en Badajoz, los leales hicieron lo mismo en Paracuellos. Hubo también injerencia extranjera, y España se volvió el escenario de medición de poderes internacionales. Hitler y Mussolini ofrecieron plenitud de recursos a las tropas de Franco, Stalin ofreció ayuda logística y armamento a los leales, pero a cambio, depredó cuantiosas reservas de oro españolas.

Las historiografías derivadas de la Ley de Memoria Histórica deberían narrar los hechos como sucedieron realmente, en vez de ocultar los errores morales del bando republicano. Ciertamente, en balance, hubo más atrocidades en el bando franquista que en el bando republicano, pero urge documentar todas las atrocidades. Asimismo, la rebelión de 1936 es injustificable, pero los historiadores deberían también condenar la de 1934, y aceptar que aquello fue un garrafal error que, como la caja de Pandora, una vez abierta, dio paso a la calamidad.

Como nuevo ciudadano de España, pretendo aportar un grano de arena a la reconciliación entre mis nuevos conciudadanos. Ésta se consigue documentando atrocidades e inmoralidades de ambos bandos. Una Ley de Memoria Histórica que seleccione arbitrariamente documentar sólo unos hechos según la conveniencia política, no hará más que prolongar el resentimiento y la desconfianza.

Y, como ciudadano de Venezuela, creo que podemos aprender algunas lecciones de la experiencia española. Como ocurrió en los años previos a la guerra civil española, el gobierno izquierdista fundado por Hugo Chávez continuamente ha jugado a la falsa representación de la oposición como grupos fascistas. Ciertamente, en 2002, hubo una intentona golpista contra el legítimo gobierno de Chávez. Pero, ¡Chávez hizo lo mismo contra el legítimo gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1992! Los izquierdistas venezolanos deberían tomarse más en serio la advertencia del historiador Pío Moa: cuando un grupo desconoce las leyes y el principio de alternancia democrática, resulta muy difícil ponerle fin a la cadena de golpes y contragolpes. A nivel retórico, el gobierno de Chávez (y ahora de Maduro), ha prometido respetar la alternancia democrática y la voz de las urnas. Pero, al mismo tiempo, lo mismo que hizo la izquierda española, ha armado a grupos de choque, y éstos han claramente advertido: “Con Chávez todo, sin Chávez, plomo”. Eso es jugar con fuego.