El encierro wayúu y el feminismo

La eminente filósofa feminista Susan Moller Okin se preguntaba en un célebre ensayo: ¿es el multiculturalismo malo para las mujeres? Y, enfáticamente respondía: ¡sí! Okin procedía de la tradición filosófica liberal. Hasta fechas relativamente recientes, los liberales tenían bastante claros los principios que se derivaban de la tradición de Locke y John Stuart Mill. Eventualmente, hubo algunos desacuerdos respecto al alcance de las libertades económicas. Pero, más recientemente, el desacuerdo entre los liberales concierne la relevancia de los derechos grupales.

Tradicionalmente, el liberalismo había concebido derechos individuales. Éstos son los clásicos derechos de los cuales nos hablaban John Locke, Thomas Paine, y los otros fundadores del liberalismo: derecho a la vida, propiedad, seguridad, etc. Estos derechos son universales (aplican a todos los seres humanos por igual) e individuales (conciernen al individuo, y no al grupo). Pero, en fechas recientes, algunos supuestos liberales defienden también los derechos grupales. Según su alegato, el individuo está inscrito en un grupo cultural, y para ofrecerle felicidad, el Estado no sólo debe garantizar la integridad de sus derechos individuales, sino también la integridad de la preservación de su grupo cultural, como medio para alcanzar el bienestar. Así, estos supuestos liberales promueven la protección de las costumbres culturales de cada grupo. Y, puesto que cada cultura es distinta, estos derechos no son universales, sino particulares. En unos grupos estará permitida la poligamia (en aquellos en los cuales este sistema de matrimonio tenga firme tradición), pero en otros no.

Okin advertía vehementemente que, contrario a lo que autores como Will Kymlicka y otros supuestos liberales creen, en muchas ocasiones, los derechos grupales son sencillamente incompatibles con los derechos individuales. Y, en esos casos, cuando el Estado se propone salvaguardar los derechos grupales, aplasta a los derechos individuales. Esto, señalaba Okin, es especialmente catastrófico para la causa feminista. Pues, en la consecución de los derechos grupales, se protegen costumbres culturales que degradan a las mujeres.

Okin elabora una larga lista de costumbres culturales en las cuales las mujeres son víctimas. Es harto conocida la extracción del clítoris en varias tribus del África Oriental, pero hay muchísimas otras instituciones opresivas de las mujeres, que con todo forman parte integral del legado cultural que, bajo la interpretación espuria del liberalismo, habría que proteger en función de los derechos grupales. Entre preservar los derechos individuales de las mujeres, y los derechos grupales de las culturas patriarcales, Okin enfáticamente prefiere la primera opción. A Okin le importa mucho que las mujeres tengan integridad, y le importa poco que las culturas arcaicas desaparezcan. Me parece que las feministas, o cualquier persona que valore la igualdad de género, deben acompañar a Okin en su preferencia.

Lamentablemente, en Venezuela y Colombia, se ha dado preponderancia a los derechos grupales. En el caso de Venezuela, en vez de contemplar una serie de derechos individuales y universales (es decir, para todos los venezolanos por igual) en la Constitución, se contemplan derechos especiales para los pueblos indígenas (Capítulo VII). Los indígenas tienen derechos que los venezolanos de origen chino, árabe, español, portugués, africano (en fin, el resto de los venezolanos) no tienen.

Uno de esos derechos grupales es el siguiente: “Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto. El Estado fomentará la valoración y difusión de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, los cuales tienen derecho a una educación propia y a un régimen educativo de carácter intercultural y bilingüe, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores y tradiciones” (Artículo 121 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).

Cuando, en 1999, se promulgó esta Constitución, el capítulo VII que garantiza derechos individuales a los indígenas fue visto como un gran avance. Yo lo veo como un terrible retroceso, precisamente por las mismas razones que exponía Okin en su ataque al multiculturalismo y su defensa del feminismo. Los grupos indígenas de Venezuela tienen plenitud de manifestaciones culturales que perjudican la integridad de los derechos individuales. Y, muy especialmente, las mujeres de estos grupos son las más perjudicadas.

Consideremos, por ejemplo, a los wayúu de Venezuela y Colombia. En continuidad con el mito romántico del buen salvaje, muchas personas creen que los wayúu son un grupo cultural ajeno al patriarcado, y que, inclusive, son matriarcales. Vale advertir que la antropología jamás ha encontrado una sociedad matriarcal, a saber, aquella donde gobiernan las mujeres. Los wayúu son matrilineales (la pertenencia al clan se transmite por vía materna), pero no matriarcales: los hombres ejercen el control. E, inclusive, el poder ejercido por los hombres en la sociedad wayúu es mucho más despótico de lo que tradicionalmente se cree.

Evaluemos la costumbre del ‘encierro’. Como en muchas otras culturas del mundo, los wayúu tienen una serie de ritos en torno a la menstruación. Cuando las niñas wayúu tienen su primera menstruación, deben informárselo a sus madres. Éstas encierran a las niñas en su vivienda, alejada del contacto con otras personas. Tradicionalmente, este encierro duraba cinco años, pero debido a la occidentalización de los wayúu, hoy dura entre un mes y un año. Durante ese encierro, a la niña se le enseñan las labores típicas del hogar asignadas a las mujeres: cocinar, barrer, etc. En particular, se enseña a las niñas a tejer (los wayúu son conocidos internacionalmente por sus tejidos).

Esta costumbre es abiertamente patriarcal y despótica. Las niñas, a diferencia de los niños, son recluidas en una suerte de arresto domiciliario. Desde su adolescencia, las obligan a aceptar las labores tradicionales femeninas, y se les despoja la posibilidad de participar en actividades tradicionalmente reservadas a los hombres, las cuales permiten un mayor ejercicio del poder. Mientras los niños wayúu van al colegio a aprender química, física y matemática, y con eso tienen la posibilidad de convertirse en médicos o ingenieros, las niñas wayúu se quedan en casa encerradas, aprendiendo a tejer, destinadas a ser amas de casa, sirvientes de sus maridos.

Como he mencionado más arriba, el artículo 121 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela insta al Estado a fomentar la difusión de las manifestaciones culturales. El ritual de encierro es una obvia manifestación cultural wayúu. Ergo, la Constitución insta al Estado a fomentar el ritual de encierro wayúu, y confinar a las adolescentes a una habitación aprendiendo las labores domésticas que el patriarcado wayúu le ha impuesto.

Curiosamente, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNA), postula lo siguiente en su artículo 54: “El padre, la madre, representantes o responsables tienen la obligación inmediata de garantizar la educación de los niños, niñas y adolescentes. En consecuencia, deben inscribirlos oportunamente en una escuela, plantel o instituto de educación, de conformidad con la ley, así como exigirles su asistencia regular a clases y participar activamente en su proceso educativo”. Cuando las niñas wayúu son encerradas, dejan de asistir a la escuela. En este sentido, las madres wayúu que participen del rito del encierro, no cumplen la obligación estipulada en el artículo 54 de la LOPNA.

Asimismo, el artículo 32-A de la LOPNA enuncia: “Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al buen trato. Este derecho comprende una crianza y educación no violenta, basada en el amor, el afecto, la comprensión mutua, el respeto recíproco y la solidaridad”. El rito del encierro incluye inducir el vómito a las niñas wayúu (lo cual genera terribles nauseas y malestar), con el propósito de expulsar los ‘espíritus infantiles’ (este video lo explica). De nuevo, cuando las madres wayúu mortifican a las niñas con vómitos para satisfacer sus supersticiones, no cumplen la obligación estipulada en el artículo 32-A de la LOPNA.

Pero, hemos visto que la Constitución fomenta las costumbres culturales indígenas. Y, esto, inevitablemente conduce a la violación del artículo 54 de la LOPNA. Los juristas nos informan que, en los sistemas constitucionales, la Constitución tiene mayor rango que las leyes orgánicas. Y, en ese sentido, la obligación de dar buenos tratos o de inscribir a los niños en la educación pública, no aplica a los wayúu, pues ellos son amparados por los derechos grupales que salvaguardan sus culturas, aun si van en detrimento de los derechos individuales a no recibir malos tratos y a tener una educación pública secular.

Los constituyentes de 1999 creían que los derechos grupales mejorarían las condiciones de vida de los indígenas. Lamentablemente, más bien ha afianzado el poder despótico que en esas comunidades se ejerce sobre las mujeres, y otros súbitos. Los constituyentes de 1999 cometieron el grave error de suponer que la mejor manera de corregir los atropellos que han sufrido los indígenas por quinientos años, es reivindicando sus costumbres y desestimulando la asimilación cultural a Occidente. Desafortunadamente, estos constituyentes no cayeron en cuenta de que, aun si la civilización occidental cometió todo tipo de abusos en América, en muchos sentidos sus instituciones significaron una mejora respecto a las costumbres prehispánicas. Y, precisamente, el mejor modo de contribuir a la felicidad de las comunidades indígenas, consiste en abandonar parte de sus costumbres culturales y asumir las costumbres culturales de los colonizadores, pues éstas les ofrecerán las herramientas para su propia liberación.