¿Fue el 4-F justo?: respuestas desde la filosofía medieval

Recientemente, en medio de las celebraciones por el vigésimo aniversario de la intentona de golpe de Estado adelantada por Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992, éste pronunció el cliché de su mentor Fidel Castro: “la historia me absolverá”. Según Chávez, aquella jornada violenta fue justa y necesaria, y en vista de ello, quedará absuelto en el tribunal de la historia.

Es curioso que Chávez crea que el tribunal de la historia sea justo. Pues, en torno a él pululan intelectuales de la izquierda postmodernista inspirados en Michel Foucault y otros, quienes postulan que no hay objetividad en las ciencias, y que, al final, la historia la escriben los vencedores. Si, como muchas veces se supone, la historia es escrita por los vencedores, entonces obviamente Chávez será absuelto por la historia, pues él ha sido el vencedor en Venezuela durante los últimos años, y se ha asegurado de plasmar su versión de los hechos en el inmenso aparato propagandístico del Estado. La historia absolverá a Chávez, precisamente porque Chávez se ha asegurado de sobornar a los historiadores.

Pero, contrario a los postmodernistas, yo opino que sí es posible alcanzar un alto grado de objetividad en las ciencias y que, por ende, la historia no siempre es escrita por los vencedores. Y, en función de eso, la pregunta de Chávez es legítima, y debemos intentar responderla: ¿fue su acción justa?

La mejor manera de responder a esta pregunta es acudir a los filósofos medievales. En oposición a los pacifistas que opinan que nunca existe una justificación moral para emplear la violencia, algunos filósofos de la Edad Media y el Renacimiento sentaron las bases de una doctrina que, si bien ha contado con muchos críticos, merece la pena considerar. Se llama de la doctrina de la ‘guerra justa’. Según esta doctrina, no siempre es inmoral ejecutar violencia. Y, como cabría esperar, estos filósofos intentaron elaborar una distinción entre guerras justas y guerras injustas.

Si bien esta doctrina tradicionalmente pretende evaluar las acciones bélicas entre Estados, ha servido también para someter a juicio otras acciones militares, tales como los movimientos guerrilleros, el terrorismo y, por supuesto, los golpes de Estado.

La doctrina de la guerra justa tiene dos dimensiones. Ius in bello (el derecho en la guerra), trata de establecer cuáles son las acciones morales una vez que ha comenzado una guerra. Ius ad bellum (el derecho para la guerra) trata de establecer cuáles son las condiciones en las que el inicio de una guerra está moralmente justificada. Una tercera dimensión, el ius post bellum (el derecho después de la guerra) trata sobre cuál es la conducta moral después de la guerra.

Partamos de estas dimensiones para someter a juicio al intento de golpe de Estado de 1992. Empecemos por ius in bello. La doctrina de la guerra justa señala dos principios fundamentales que deben respetarse: la distinción entre combatientes y civiles (y el respeto a la vida de estos últimos), y la proporcionalidad.

Los golpistas de 1992 no atacaron civiles. Su agresión fue dirigida en contra de Carlos Andrés Pérez, y sus soldados fieles. En este sentido, preservaron el ius in bello, al distinguir entre civiles y combatientes. En aquellos sucesos hubo catorce muertos, pero según parece, todos fueron combatientes que voluntariamente participaron de la intentona (a pesar de que, no ha quedado del todo claro si los soldados rasos que participaron, lo hicieron voluntariamente). Hubo, parece, una baja civil: una niña murió por una bala fría de los golpistas.

Mezquinamente, en las celebraciones del 4 de febrero, el gobierno nunca he rendido honor a esta niña que los golpistas mataron. Pero, el ius in bello sí permite las bajas civiles, siempre y cuando sean daños colaterales de acciones militares que estén dirigidas a objetivos legítimos. En casi toda contienda militar, mueren civiles. Pero, si la muerte de estos civiles no ha sido deliberada, y el daño colateral es menor al objetivo militar logrado, entonces no es moralmente censurable. Este razonamiento se ampara en la ‘doctrina del efecto doble’, adelantada por santo Tomás de Aquino: algunas acciones tienen efectos positivos y negativos; siempre y cuando el efecto positivo sea mayor que el negativo, y la acción nunca busque deliberadamente el efecto negativo, entonces será moralmente aceptable.

Los golpistas, parece, también emplearon la violencia proporcionalmente. Según su testimonio, nunca se plantearon matar a Carlos Andrés Pérez. Y, en realidad, su violencia no fue excesiva, más allá de lo necesaria para tumbar a un gobierno.

En ese sentido, si nos atenemos estrictamente al ius in bello, la intentona del 4 de febrero de 1992 sí fue justa. Pero, consideremos ahora el ius ad bellum. Los defensores de la doctrina de la guerra justa plantean seis requisitos fundamentales que deben cumplirse para que el inicio de una guerra sea justa. Veamos cada uno por separado, y evaluemos si el 4 de febrero se cumplieron.

El primer requisito es que haya una causa justa. Chávez ha explotado esta justificación. Según él, el país estaba inmerso en un clima de degradación moral, económica y política, el cual servía como causa justa para una acción militar. Esto es indiscutible. Incluso la oposición a Chávez reconoce el deterioro de la democracia venezolana en 1992, y admite que era necesario hacer algo (pero no necesariamente un golpe de Estado) para mejorar la situación.

El segundo requisito es que haya proporcionalidad. De nuevo, en esto, también parece haber justificación. Hubo en aquella intentona golpista quince muertos. Pero, el contexto de degradación en el país había acumulado cientos de miles de muertos. Así pues, la acción militar traería bajas, pero estas bajar serían menores que el daño que se evitaría si se triunfaba. Por otra parte, una vez que Chávez llegó al poder por vía democrática, ha habido más muertos como producto de su desatención al problema de la delincuencia, de forma tal que, podría ser medianamente cuestionable que hubo proporcionalidad en su acción militar.

El tercer requisito es que una autoridad legítima declare la guerra. Con esto, se pretende asegurar que quien decida tomar las armas, lo haga de forma más o menos organizada, y no se incurra en la propagación del caos. En el caso de un golpe militar, este requisito no tiene mayor aplicación, pues precisamente se trata de una acción militar en contra del orden establecido. Además, según parece, el 4 de febrero se trató de una rebelión cívico-militar en la cual participaron muchos sectores de la población civil, lo cual le habría restado legitimidad al gobierno de Pérez, y le habría añadido legitimidad a la intentona golpista.

El cuarto requisito es que haya una intención correcta. Nadie puede emprender una guerra justa, si ésta se hace con la mera intención de alcanzar glorias militares. El problema con este requisito es que resulta muy difícil medir las intenciones de las personas. Y, además, las intenciones de cada oficial golpista pudieron ser distintas. Cuando EE.UU. ha invadido otros países, ha justificado su acción señalando que su intención es divulgar la democracia; pero los críticos dicen que su intención es depredar recursos naturales. ¿Cómo saber cuál es la verdadera intención? Es muy difícil saber. En todo caso, Chávez ha dicho que su intención fue salvar a Venezuela de la degradación. Pero, quizás algunos de sus oficiales no tenían esa intención, sino una intención más personalizada y vanidosa. El mismo Chávez parece un hombre sediento de poder, y esto permite pensar que, en 1992, ya había en él la intención de perpetuarse en el poder. Si fue así, entonces ya la intentona golpista no tendría justificación.

El quinto requisito es que las instancias no violentas se hayan agotado. Seguramente ésta es la mayor carencia moral en la intentona golpista del 4 de febrero de 1992. Si bien Venezuela vivía una situación de degradación moral, política y económica, no estaba agotada la vía electoral para que Chávez llegara al poder. En efecto, el hecho de que seis años más tarde, Chávez llegó por la vía democrática, es señal de que el intento de golpe no fue necesario. Podría argumentarse que fue el intento de golpe precisamente lo que catapultó a Chávez a la luz pública. Pero, es claro que se pudieron buscar medios no violentos para que Chávez (o cualquier otro candidato que quisiera una transformación masiva de la política venezolana) fuese conocido.

Por último, el sexto requisito es que, en la contienda militar, haya una probabilidad razonable de éxito. No sirve de nada incurrir en violencia, si a la final, no se espera que ésta logre los objetivos planteados. Esto también es otra carencia moral del intento de golpe del 4 de febrero de 1992. Chávez apenas controló el 10% de las fuerzas armadas, y en menos de doce horas, su movimiento ya estaba derrotado. El mismo Chávez ha reconocido recientemente que aquello fue una ‘quijotada’, una locura: según parece, él mismo admite que no había posibilidad de triunfar por vía de las armas.

El ius ad bellum exige que se cumplan todos estos requisitos. Los dos últimos claramente no se cumplieron, y las intenciones de Chávez y sus oficiales son bastante cuestionables. En este sentido, si bien los golpistas de 1992 se mantuvieron dentro de lo moralmente aceptable respecto al ius in bello, estuvieron fuera del orden moral en el ius ad bellum. Seguramente, Chávez hará todo lo posible para que los historiadores que él soborna sutilmente, lo absuelvan. Pero, Chávez no debería quedar absuelto por la historia. Su intento golpista no tuvo justificación.