Sobre la muerte del cacique Sabino

            El asesinato del cacique yukpa Sabino Romero es enteramente repudiable, como lo son las veinticinco mil muertes violentas que anualmente sufre Venezuela. No hay justificación. Pero, pretendo también advertir sobre la reacción inadecuada de muchos sectores políticos de la región frente a este tema.

            Desde 1999, el gobierno de Venezuela ha empleado un masivo aparato propagandístico para alimentar el culto a los héroes nacionales. Chávez se perfila a sí mismo como el Bolívar del siglo XXI. Y, en esa mitología nacionalista, es necesario inventar al Guaicaipuro de los nuevos tiempos. Mucha gente encontró en Sabino el mejor candidato para cumplir este papel mediático de mártir indígena que se enfrenta al colonizador blanco y sus descendientes criollos.

            Ciertamente, hay injusticias en la Sierra de Perijá. Los terratenientes han impuesto un régimen de terror, y es urgente una demarcación de las tierras. Pero, la dificultad aparece cuando, a partir de esta causa legítima, se termina glorificando a personajes con un registro moral muy cuestionable. La integridad moral del Cacique Sabino está en entredicho.

            En el 2010, había sido acusado de matar a dos hijos de un cacique rival, en una disputa por el reparto de las tierras. En un principio, sus defensores no alegaron que era inocente; antes bien solicitaron que Sabino fuera juzgado por la ley yukpa, haciendo uso del derecho de autonomía jurídica indígena que según supuestamente está contemplado en el artículo 260 de la Constitución. El artículo reza así: “Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constitución, a la ley y al orden público. La ley determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”.

            Era previsible que, si Sabino era juzgado por la ley yukpa, su estatuto de cacique le habría permitido obtener un castigo muy tenue. No es difícil ver que la invocación de las “tradiciones ancestrales” fue un recurso muy conveniente para evadir un castigo por homicidio. En vista de eso, los fiscales rechazaron la aplicación del artículo 260, pues éste claramente sostiene que se podrá trasladar a la jurisdicción indígena, “siempre que no sean contrarios a esta Constitución”. Pues bien, el artículo 43 de la misma Constitución postula que el derecho a la vida es inviolable. Y, en función de eso, castigar tenuemente a un homicida viola al artículo 43. Opino que la decisión de los fiscales fue acertada.

             En vista de que Sabino no sería juzgado por la ley yukpa, sus defensores cambiaron de estrategia, y empezaron a insistir en que era inocente. Hubo aparentemente algunas irregularidades en el juicio (Sabino alega que fue torturado), y fue finalmente puesto en libertad. Hubo razones jurídicas para dejarlo en libertad, pero sospecho que hubo también razones políticas. Algunos sectores radicales dentro del chavismo, y otros sectores de la oposición, hicieron presión al gobierno, y presumo que éste tuvo que ceder (es notorio que en Venezuela no hay plena autonomía de poderes, y los jueces están sujetos a presiones por parte del ejecutivo).

            El caso, entonces, resultó bastante escabroso. Quizás Sabino sí era inocente. Pero, hubo elementos de imputación. Los defensores de Sabino postulan que esos elementos fueron sembrados por policías con la complicidad de grupos de ganaderos, o quizás también con el apoyo de funcionarios gubernamentales interesados en la explotación del carbón en la zona de Perijá.

            No tengo elementos para favorecer alguna de estas hipótesis. Pero, precisamente, puesto que se trata de un caso tan escabroso, lo más prudente sería asumir más cautela, y esperar a que los detalles se aclaren. Gente en la oposición y el chavismo se rasga las vestiduras por la muerte de este cacique mártir. Como he sostenido, su muerte (y la de los veinticinco mil venezolanos que mueren violentamente cada año) es lamentable. Pero, yo no descartaría aún la hipótesis de que esto es un ajuste de cuentas entre caciques, sobre todo al tener presente que el mismo Sabino había sido imputado en una ocasión por asesinar a dos hijos de un cacique rival.

            La oposición ya tiene un antecedente en arrebatos de apoyo a supuestos mártires. En el año 2004, el fiscal Danilo Anderson fue brutalmente asesinado. La oposición inmediatamente se unió al chavismo en declarar a Anderson mártir, víctima de los corruptos y poderosos. Al poquísimo tiempo, la oposición se retractó, pues encontró evidencia de que, supuestamente, Anderson encabezaba una red de extorsión, y su asesinato fue ordenado por una de sus víctimas.

            Pues bien, la oposición debería aprender de aquella experiencia. Debería tomar más cautela en rasgarse las vestiduras por un cacique que ha sido acusado de cometer crímenes graves. La lucha de los indígenas por el reparto de sus tierras es legítima. Pero, aun en las luchas legítimas, hay reglas que cumplir, y si los alegatos en contra de Sabino son verdaderos, éste no cumplió esas reglas.

            Para combatir la opresión que ha perdurado desde hace cinco siglos, ciertamente es necesaria la evocación simbólica de un líder indígena. Pero, es menester saber seleccionar a un líder con integridad moral. Por ejemplo, en EE.UU. a finales del siglo XX, la comunidad negra asumió a O.J. Simpson como su mártir frente al racismo y la opresión policial. Si bien fue absuelto en el juicio en su contra, al poco tiempo Simpson retomó su actividad criminal, y hoy está en prisión. Los negros de EE.UU. hubieran ganado mucho más si, en vez de rasgarse las vestiduras por Simpson, hubiesen seguido elogiando a Martin Luther King. Del mismo modo, antes de apresurarse a enaltecer a Sabino como mártir de la causa indígena, los defensores de los indígenas deberían evaluar si el cacique realmente tenía integridad moral.

            Florece en todo esto, además, el mito del buen salvaje. Los defensores de los indígenas tienen dificultad en concebir que, dentro de las mismas comunidades indígenas, hay opresores y oprimidos, y que no se logra nada con favorecer a un opresor indígena, bajo la excusa de que este opresor indígena también lucha contra el opresor blanco. Las políticas de la identidad han propiciado que se defienda a individuos en virtud de su procedencia étnica, sin importar su carácter moral. El dogma del buen salvaje condiciona a los indigenistas a rechazar a priori la posibilidad de que existan indígenas reprochables. Quizás, insisto, Sabino sí merece los elogios de mártir que hoy se le rinden. Pero, sólo el tiempo y las investigaciones serias lo dirá. Mientras tanto, es recomendable asumir más cautela al rasgarse las vestiduras.